En el informe elaborado por la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia (RUIA), «El acceso a la universidad de las personas provenientes de los sistemas de protección a la infancia.» se destaca la situación de los adolescentes tutelados al enfrentarse al tránsito hacia la vida adulta, con énfasis en sus dificultades para acceder a la educación universitaria.
Conforme a la Constitución española de 1978, que establece la obligación de los padres y los poderes públicos de velar por el bienestar de los menores, se plantean recomendaciones dirigidas a las administraciones autonómicas y estatales, así como a las universidades, para garantizar el acceso equitativo a la educación superior.
Basado en el principio de igualdad real y efectiva consagrado en la Carta Magna, este llamado busca eliminar los obstáculos que impiden el acceso de estos jóvenes a la universidad y asegurar una transición exitosa hacia la vida adulta en un marco de inclusión social.
