La investigación se centra en la protección de menores víctimas de violencia sexual durante su declaración judicial. Propone buenas prácticas obligatorias para todos los profesionales del sistema penal, buscando ofrecer una respuesta adaptada a la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia. Su objetivo final es evitar la doble victimización, examinando para ello los estándares internacionales y europeos que garantizan su eficaz tutela judicial.
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